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junio 2, 2014 / Comunicadores de la Argentina - COMUNA

RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PERIODISMO – Un viejo tema, una necesidad permanente

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La manipulación de la información, el manejo de las agendas periodísticas según intereses privados y no por el interés del público, la difusión de versiones y rumores que pueden afectar gravemente a la población, la discriminación y estigmatización de personas y sectores por razones políticas, económicas, sociales y culturales, se discute en el mundo desde hace casi un siglo. La vigencia de los derechos comunicacionales que consagra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual crea la oportunidad del goce efectivo del derecho que la sociedad tiene a acceder a la información que necesita para tomar sus decisiones, en todos los planos. Esto hace necesario que los periodistas y trabajadores de la comunicación actuemos para llevar a la práctica la responsabilidad social del periodismo.

 

En el periodismo moderno, los primeros rastros del concepto o principio de responsabilidad social se pueden ubicar en la mitad del siglo XX, cuando periodistas e intelectuales lanzaron cuestionamientos severos a la evolución de la comunicación a través de los medios. La aparición de la radio había creado una gran conmoción, repetida y aumentada después por la televisión.

Aunque sin usar el enunciado de ese concepto, el dramaturgo alemán Bertolt Bretch, en la década del 30 del siglo XX, cuando la expansión de la radiofonía avanzaba en gran escala, criticó que ese medio estaba siendo usado únicamente para propaganda y pidió un uso “más comunicativo” del recurso, con participación de los oyentes en los contenidos y emisiones.

Poco después, en 1942, Henry Luce, de la revista estadounidense Time, habló de una “desviación” del periodismo y expresó que era necesario estudiar el fenómeno. Robert Hutchins, rector de la Universidad de Chicago, formó una comisión de expertos en Ciencias Sociales y en 1947 dio a conocer sus conclusiones, en un trabajo conocido como “Informe de la Comisión Hutchins”. El grupo investigador enumeró: se desarrolló un poder enorme en manos de los propietarios de los medios, que lo usaban para su beneficio propio, vetando en general las opiniones contrarias al fenómeno; la actividad periodística sometida a grandes empresas, en especial las que publicitaban en sus espacios; resistencia al cambio social, oposición a las dinámicas de cualquier sociedad; tratamiento superficial y amarillismo; invasión a la intimidad de las personas.

Frente a ello, la Comisión reclamó respeto a la verdad y exactitud ante los acontecimientos; intercambio de ideas, amplitud democrática, variedad de opiniones; representar la vastedad de la sociedad norteamericana, con sus diversidades; definir las metas de esa sociedad y defenderlas; acceso ciudadano a los medios, que deben facilitar información y no dificultarla; propiciar el debate en la sociedad de los asuntos públicos; respetar los derechos de las personas, contra todo abuso de poder; que los medios sean económicamente independientes, para evitar el riesgo de ser controlados.

Este conjunto de ideas y propósitos se reunió en lo que se llamó “Teoría de la Responsabilidad Social de la Prensa”. La gran mayoría de los medios de Estados Unidos reaccionó con gran rechazo a este informe, que en resumen afirmaba que la denominada libertad de mercado no aseguraba la libertad de prensa ni el pluralismo en la comunicación.

En Europa, las preocupaciones de Bretch fueron retomadas en los 70 por Hans Magnus Enzensberger, escritor alemán que incursionó en varios géneros, entre ellos el ensayo, y que trabajó en medios de comunicación. Propuso, en 1977, una utilización “emancipadora” de los medios, en lugar de la “represiva” que realiza el capitalismo y que se expresa en el incumplimiento de las esperanzas que habían generado los medios electrónicos, cuando fueron convertidos en “aparatos ideológicos del estado” y en “represoras industrias elaboradoras de la conciencia”. Pidió programas  “descentralizados”, no realizados únicamente por el emisor, y haciendo que cada receptor se vuelva un emisor en potencia, además de la interacción y sistemas de participación más convencionales. También propuso lanzar un proceso de aprendizaje de las audiencias para desembocar en producciones colectivas y en el control social, mediante organizaciones de base (“auto-organización”), acaso equivalente a las asociaciones de oyentes propuestas en la ley venezolana de comunicación. Con todo ello se lograría, sostenía, la “legitimidad” de los medios, y éstos conseguirían el derecho a llamarse “de comunicación”.

En 1980 sigue la historia conocida más ampliamente, con el Informe McBride, que definió a la democratización de la comunicación como “un proceso por el cual el individuo a) pasa a ser copartícipe activo y no un simple objeto de la comunicación; b) la verdad de los mensajes intercambiados aumenta y c) el grado y la calidad de la representación social aumenta”. Para todo ello, mencionó la posibilidad de un proceso progresivo para habilitar la gestión de los medios por parte del público.

Ahora, con el siglo XXI a marcha plena, podemos decir que ninguno de esos objetivos de comunicación y participación se cumplió, si miramos el conjunto del sistema mediático convencional. No obstante, la exigencia está planteada abiertamente, por entidades de profesionales, organismos internacionales y por los compromisos que en teoría asumen los mismos medios.

El Código de Ética Periodística de la UNESCO, aprobado en noviembre de 1983 en París en una reunión consultiva con participación de entidades internacionales, aborda el tema de la responsabilidad de los medios al definir los derechos de los receptores. “El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por medio de una información precisa y completa, y de expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación”. Así, “la tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado”.

Luego habla específicamente de la “responsabilidad social del periodista”: “En el periodismo, la información se comprende como un bien social, y no como un simple producto. Esto significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida. El periodista es, por tanto, responsable no sólo frente a los que dominan los medios de comunicación, sino, en último énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales”.

El Europarlamento aprobó por unanimidad el primero de julio de 1993, en Estrasburgo, los principios éticos del periodismo para que sean aplicados en Europa. El punto 7 de esa resolución dice que los medios efectúan una labor de “mediación” (las comillas son del original, y puede entenderse que habla de la “intermediación” o de la correa de transmisión) y “prestación del servicio de la información”. Agrega: “Los derechos que poseen en relación con la libertad de información, están en función de los destinatarios que son los ciudadanos”.

Dice el punto 8: “La información constituye un derecho fundamental reconocido como tal por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y las Constituciones democráticas, cuyo sujeto o titular son los ciudadanos, a quienes corresponde el derecho de exigir que la información que se da desde el periodismo se realice con veracidad en las noticias y honestidad en las opiniones, sin injerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores privados”.

Advierte, en el punto 13, que “el respeto legítimo de la orientación ideológica de los editores o propietarios, queda limitado por las exigencias inexorables de la veracidad de las noticias y de la ética de las opiniones, lo que es exigible por el derecho fundamental a la información que poseen los ciudadanos”.

Así –punto 15-, “ni los editores o propietarios ni los periodistas deben considerarse dueños de la información. Desde la empresa informativa la información no debe ser tratada como una mercancía sino como un derecho fundamental de los ciudadanos. En consecuencia, ni la calidad de las informaciones u opiniones ni el sentido de las mismas deben estar mediatizadas por las exigencias de aumentar el número de lectores o de audiencia o en función del aumento de los ingresos por publicidad”.

Este rechazo a la “mediatización” de informaciones u opiniones a los propósitos comerciales puede extenderse, en nuestro país y nuestra región, a los propósitos políticos de los propietarios de los medios, o a los proyectos de poder político que respalden total o parcialmente, indefectiblemente articulados con principios y proyectos económicos nacionales y supranacionales que impactan de lleno en la distribución de las riquezas, cualquiera sea su estado.

La resolución 59 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en 1946, recordó que “la libertad de información requiere como elemento indispensable la voluntad y la capacidad de usar y no abusar de sus privilegios. Requiere, como disciplina básica, la obligación moral de investigar los hechos sin perjuicio y difundir las informaciones sin intención maliciosa”.

La Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) dice en la fundamentación de su Código de Ética que el periodista “tiene responsabilidad política e ideológica derivada de la naturaleza de su profesión, que influye en la conciencia de las masas, y que esa responsabilidad es insoslayable y constituye la esencia de su función social”.

Luego, dispone el artículo primero: “El periodismo debe ser un servicio de interés colectivo, con funciones eminentemente sociales dirigidas al desarrollo integral del individuo y de la comunidad. El periodista debe participar activamente en la transformación social orientada al perfeccionamiento democrático de la sociedad; y consagrar su conciencia y quehacer profesional a promover el respeto a las libertades y a los derechos humanos”.

La lista de esta clase de normas puede extenderse. Definiciones de este tenor se encuentran en los códigos o declaraciones de principios de colegios de periodistas de varios países, y en las normas y manuales de estilo de emisoras como CBC de Canadá, Televisión Pública del Ecuador y EBC de Brasil, entre otros.

  

Basándonos en los tratados y documentos internacionales, en la Constitución Nacional, en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en los instrumentos ya citados y mencionados, en COMUNA definimos:

–       La responsabilidad social del periodismo es el ejercicio de la actividad para satisfacer los derechos y necesidades del público, en primer lugar su participación en la comunicación como actor con pleno derecho y su acceso a información transparente y plural.

–       Ejercer el periodismo con responsabilidad social es hacerlo con apego a la Constitución y las leyes, tomando en cuenta que la información basada en los hechos contribuye a una democracia pujante y participativa, a la vigencia plena de los derechos humanos, políticos, sociales, económicos y culturales

–       Ejercer el periodismo con responsabilidad social significa difundir información verificada y contrastada, apoyada en fuentes identificables, con el único objetivo de reportar o anticipar hechos.

–       Ejercer el periodismo con responsabilidad social significa que los medios y los periodistas asumen, y no como mera proclamación, las consecuencias directas y palpables que sus discursos tienen en el cuerpo social al que se dirigen.

–       Ejercer el periodismo con responsabilidad social significa rechazar de plano la difusión de informaciones no respaldadas por fuentes identificables y versiones y rumores destinados únicamente a satisfacer intereses sectoriales, a denigrar a las personas, a afectar su prestigio sin contar con base fehaciente y comprobada para hacerlo, y a favorecer operaciones políticas y económicas que se contrapongan a los mandatos e intereses de la población en su conjunto.

–       Ejercer el periodismo con responsabilidad social demanda de los medios y los periodistas explicitar sus posiciones políticas e ideológicas, las elecciones partidarias que asumen por ejemplo en los procesos electorales, como ocurre en algunos países, sin que ello represente negar la supremacía del derecho del público a acceder a la información, separada de la opinión.

–       Ejercer el periodismo con responsabilidad social significa contribuir con la paz social y la convivencia democrática, y rechazar por tanto los discursos que propician la violencia, el odio y la discriminación de personas y sectores de la sociedad.

–       Ejercer el periodismo con responsabilidad social significa contribuir a la libre determinación de los pueblos y a la solución pacífica de los conflictos, acorde con la Carta de las Naciones Unidas, los tratados internacionales y la Constitución Nacional.

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